En un futuro inmediato, la continuidad en la prestación de servicios como la sanidad o la educación, ambas competencia exclusiva de la Generalitat, está en peligro. Ésta era la solvente información que Levante-EMV publicaba el pasado 22 de agosto, después de conseguir ciertos detalles del informe elaborado por el grupo de expertos independientes, nombrados hace meses por las Corts, y que lleva semanas sobre la mesa del vicepresidente y conseller de Economía, Gerardo Camps. El balance de nuestra contabilidad autonómica está en tal estado de gravedad que sólo hemos empezado a vivir sus consecuencias (bomberos, profesores, músicos, etc.) y el próximo hito en asumir la realidad contable en los servicios gestionados por la Generalitat vendrá asociada a la reunión de septiembre del Consejo Interterritorial de Sanidad, donde los responsables autonómicos (y muy en particular el valenciano) deberán enunciar qué medidas van a tomar para asegurar la viabilidad de nuestra sanidad pública, que, sin cambios importantes, puede diluirse en un infierno de deudas y falta de disciplina. Controlar y acotar esta situación debe ser la principal preocupación del Gobierno de la Generalitat, quizás demasiado entregada a seguir el caso Gürtel y el trabajo del juez Flors, quien sigue haciendo su labor y cuyo derecho al sosiego hay que respetar radicalmente. Tras el informe, la calina veraniega no pueda ser una excusa para la actual carencia de reacciones habida en la ciudadanía, quizás con la única excepción de los miembros de Compromís. El silencio de los dos grupos mayoritarios (aunque el PP en la CV tenga muchas más responsabilidad que el PSPV) no puede seguir por más tiempo.
La situación que vivimos ya ha sobrepasado el nivel de la mera discrepancia política y hay que tomar decisiones colectivas y pactadas, que son inaplazables ante la constatación de que la Generalitat está en quiebra, y a la que ya nadie quiere seguir financiando su deuda. Es imprescindible que alguien con credibilidad moral y solvencia democrática (como ha ocurrido en la fase de diagnóstico, con los expertos que han firmado el informe) explique las nuevas circunstancias a los ciudadanos, camino de dar esperanzas realistas, hablar con claridad y tratar de evitar futuras situaciones de insoportable insolidaridad. En otras palabras, hacer viable la Comunidad Autónoma en la que vivimos. Mientras el futuro de las pensiones es objeto de un legítimo debate diario, pues alguien en la administración central está dispuesto a asumir la cuota de impopularidad y de pérdida de votos, en la CV la sanidad pública está en un estado financiero mucho más agudo y nadie parece dar medidas para reaccionar y hacerla viable en las condiciones que vivimos. Aunque cuando un barco se escora, las causas últimas que provocaron la vía de agua no sean las prioridades más importantes para evitar el «sálvese quien pueda» y tratar de reducir todas las consecuencias del naufragio, pues hay que enfrentar con urgencia la nueva coyuntura, a modo de referencia, refrescar las razones que explican lo que hoy vivimos, en la dialéctica de lo urgente vs. lo necesario:
A) Se ha seguido una política manirrota que en algunos momentos ha parecido limitar con la corrupción. B) Casi cuatro lustros con una transferencia de competencias deficitaria que ninguna administración, ni la del PP ni la dirigida por el PSOE, hicieron que al cerrar 2008, último año de aplicación del llamado modelo Zaplana de financiación autonómica aprobado con Aznar, la CV recibiera del Estado 1.967 euros por habitante, 337 menos que la media nacional de 2.304 euros. Aunque algo se arregló con lo negociado, a partir de 2009, la crisis ya mordía en todos los fundamentos del llamado modelo valenciano. C) El desplome de los ingresos, propios de las haciendas autonómicas, está siendo espectacular, como consecuencia del papel que lo inmobiliario tenía sobre nuestro modelo de crecimiento. Más allá de las responsabilidades que cada ciudadano piense que hay que exigir a los responsables políticos en activo (un procedimiento básico en toda democracia) aquí y ahora es urgente asumir que en su conjunto, el marco financiero descrito en el párrafo anterior es una bomba de relojería para las cuentas públicas y para el propio futuro de la Generalitat, que desgraciadamente adeuda, en toda una diversidad de productos y compromisos, 40.000 millones de euros, cuando su presupuesto anual no llega a los 16.000.
La lógica democrática induciría a pensar que hay que pasar como sea los nueve meses que quedan hasta las elecciones, pero la situación es tan aguda que son muchos los que piensan que con todo lo caído y lo que queda por caer la reacción no puede esperar tanto tiempo, ante la cadena de compromisos que la Generalitat indefectiblemente va a tener que incumplir. En palabras de una carta remitida a Gerardo Camps por gente comprometida, se necesita una acción «ponderada pero urgente», ya que el informe de los expertos «marca un punto de inflexión para articular una respuesta valenciana sensata y sólida»; tres meses después de finalizado el documento «con la grave situación actual, no es comprensible la inactividad del Consell». No es alarmismo, pero está en juego la posible desaparición del estado de bienestar. No es fácil ser un líder político honrado en estos finales del 2010, pero si existen, deben coordinarse para reaccionar con legitimidad y eficiencia; de lo contrario, caerá sobre ellos el mayor desprecio intelectual de los que aquí vivimos y moriremos.
Pulicat al diari LEVANTE, el diumenge 29 d'agost de 2010.
